Ferial Haffajee, redactora del Financial Times, JohannesburgoLas mujeres están a la vanguardia del movimiento sudafricano para adaptar el derecho tradicional a la sociedad postapartheid.
Cuando el ex Presidente Nelson Mandela se casó con Graça Machel, en 1998, la ceremonia occidental fue sencilla y discreta. Pero su boda tradicional en las verdes colinas de Xunu, en el Transkei, se celebró con la pompa habitual en esas ocasiones. En una ceremonia transmitida al mundo entero, Machel fue acogida por los ancianos del clan Tembu de Mandela, que negociaron la dote de la novia, la lobola, con el linaje de los Machel en Mozambique. El episodio fue significativo sobre todo porque simbolizó un retorno del derecho consuetudinario que el régimen del apartheid había marginado.
Existe en el país una poderosa corriente para infundir autoridad, recursos y dignidad al derecho consuetudinario. El objetivo no es sólo reparar una injusticia histórica, sino restablecer la confianza en la justicia penal y el respeto del estado de derecho. El reto consiste en crear un sistema jurídico que integre el derecho común y el consuetudinario en la nueva Constitución, que consagra principios tan esenciales como la igualdad de los sexos. “La relación entre el derecho común como hermano mayor y el derecho consuetudinario como pariente pobre pertenece al pasado”, afirma el profesor Thandabantu Nhlapo, de la Comisión Jurídica de Sudáfrica. “Ambos han de apreciarse a la luz de la Constitución.”
Este proceso de armonización constituye un nuevo paso en el titánico empeño de reformar el derecho en Sudáfrica. El primero fue la abolición de las leyes del apartheid. Después hubo que reestructurar la Comisión Jurídica, dominada por jueces racistas del antiguo régimen. Ahora, la Comisión debe redactar nuevas leyes para un nuevo orden social.
En Sudáfrica, el derecho consuetudinario atravesó las mismas dificultades que en los demás países africanos con un pasado colonial. Los gobernantes afrikaners heredaron del colonizador británico un sistema jurídico dual integrado por el derecho común y el consuetudinario. Codificaron este sistema mixto en el Native Administration Act que en 1986 se convirtió en el Black Administration Act —concebido como un instrumento de división que establecía en detalle el régimen de administración separada para los negros. Según esta ley, el derecho consuetudinario se toleraba siempre y cuando no fuera contradictorio con el derecho común, en cuyo caso el primero carecía de validez.
Sin embargo, el derecho consuetudinario es tal vez la única forma de justicia que conocen muchos sudafricanos. Casi la mitad de la población vive en el campo, y hay tribunales tradicionales en más de 80% de las aldeas y también en algunos townships. Se ocupan de pleitos corrientes, robos de poca monta, litigios de propiedad y asuntos de familia. No pueden imponer multas superiores a 6 dólares y los delitos más graves son juzgados por los tribunales oficiales. Su justicia es expedita y barata: funcionan con un mínimo de formalidades y cobran menos de un dólar por audiencia. El juez se expresa en lenguaje corriente y las normas permiten que la comunidad intervenga e interrogue a los testigos. Esos tribunales están más cerca de aquéllos que no tienen medios ni tiempo para comparecer ante los tribunales oficiales de la ciudad.
La crítica de las mujeres
Pero este sistema también es criticado —en especial por las mujeres, que no pueden ser jueces y a menudo son objeto de discriminaciones como litigantes. Sin embargo, las organizaciones femeninas, agrupadas en el Movimiento de Mujeres Campesinas, han estado a la vanguardia de las acciones para que se reconozca el derecho consuetudinario y se adapte a la nueva situación. Durante los debates sobre la forma de valorizarlo también se discute cómo garantizar su imparcialidad ante los sexos, con tres prioridades: el matrimonio tradicional, los derechos de sucesión y el estatuto de los tribunales tradicionales.
Durante el apartheid, los matrimonios tradicionales no eran reconocidos legalmente. Si una pareja no tenía los medios de celebrar una boda con arreglo al derecho común, la mujer era considerada “menor de edad”, sin derecho siquiera a abrir una cuenta en la tienda de la aldea. Esas mujeres, que en su mayoría crían solas a sus hijos pues sus maridos trabajan lejos en las minas y centros industriales, “no podían comprar nada. Tenían que esperar el regreso de sus maridos para poder vender algo”, señala Likhapa Mbatha, del Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS), un grupo de reflexión sobre temas jurídicos. En vista de ello, la ley de reconocimiento de los matrimonios tradicionales fue aprobada el año pasado después de una labor conjunta de la Comisión Jurídica de Sudáfrica y el movimiento de mujeres. Para Mbatha, “se ha reconocido así que Sudáfrica está en Africa”.
Esta primera victoria enmendaba una injusticia del apartheid: el desconocimiento del derecho consuetudinario. El próximo paso es lograr su imparcialidad ante los sexos. De acuerdo con la costumbre, sólo los varones pueden heredar bienes y riquezas. La Comisión Jurídica propuso ajustar esas normas a las disposiciones no discriminatorias del derecho común. Ello no supone un cambio tan radical como parece, pues a través de una encuesta, el Cals comprobó que en muchas aldeas existen mecanismos extraoficiales para que las viudas y las hijas puedan heredar. Se espera una decisión del Parlamento sobre esta propuesta.
Una tercera prioridad es la reforma y el reconocimiento de los tribunales tradicionales. En Sudáfrica, el sistema judicial ordinario en materia criminal sufre de presupuestos cada vez más reducidos y de una mala administración, según el Fiscal en lo criminal. Nhlapo estima que el problema puede resolverse en parte ampliando las atribuciones de los tribunales tradicionales, que gozan del respeto de la población —elemento esencial de la consolidación del estado de derecho. “Hay que habilitar a los tribunales tradicionales para hacer justicia de una manera y con un lenguaje que el pueblo entiende”, señala Nhlapo, ajustándolos a la Constitución y destinando fondos a su funcionamiento. Para empezar a romper las barreras de la discriminación sexual, la Comisión Jurídica recomienda que los consejeros elegidos presidan el tribunal junto con los jefes tradicionales.
Pero las mujeres no tienen plena confianza en los jefes tribales. Por eso, en vez de que se reconozca a esos tribunales y se amplíen sus atribuciones, las mujeres preferirían que se los considere audiencias arbitrales locales. Propuesta que ha desencadenado una guerra abierta con los dirigentes tradicionales que desean, en cambio, fortalecerlos.
Las deliberaciones acerca del sistema de tribunales tradicionales continúan. El veredicto, cualquiera que sea, hará época en la historia de un país en busca de justicia.
"Donde termina la ley comienza la tiranía".
John Locke, filósofo inglés (1632-1704)
